El actual Estatuto andaluz se adentra en el campo de los Derechos hasta ahora reservado al poder estatal, propiciando un estadio de incertidumbre en cuanto a la aplicación judicial y la viabilidad jurídica de derechos mayoritariamente desprovistos de desarrollo legislativo y sin un respaldo procesal específico. A lo largo de este estudio se revelan las disfunciones latentes en el reconocimiento de derechos autonómicos como también las posibles asimetrías derivadas de la parcelación territorial del Estado Social.